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El Gobierno sigue adelante con el plan de eliminar mensajes de odio en redes sociales: qué proponen y qué se ha aprobado

El Congreso de los Diputados ha aprobado la ‘Proposición no de Ley sobre la prevención de la propagación de discursos de odio en el espacio digital‘ a petición de Unidas Podemos. Con los votos a favor de PSOE y ERC y en contra de PP, Vox y Ciudadanos, la iniciativa ha sido admitida a trámite y se insta al Gobierno a adoptar medidas para prevenir la propagación de mensajes de odio en redes sociales, así como establecer herramientas para facilitar su vigilancia y eliminación inmediata como ya ocurre en Alemania o Francia.

En abril de este año, era el propio ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien exponía en rueda de prensa «cambios legales para impedir que aquellos que contaminan la opinión pública» salgan impunes. Esta vez ha sido el partido morado quien ha decidido impulsar esta proposición tras comprobar «una creciente polarización» en la opinión pública debida a la crisis sanitaria.


Qué motivos exponen

Según recoge el Boletín Oficial de las Cortes Generales nº 168, los diputados Ismael Cortés y Joan Mena explicaban que «la circulación de discursos de odio en el espacio digital ha cobrado una especial atención, desde los primeros días de la pandemia» y recogen las palabras de António Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas: «pido que no se escatimen esfuerzos para erradicar el discurso del odio en todo el mundo».

Unidas Podemos argumenta que «el dolor colectivo se ha instrumentalizado con fines ideológicos, poniendo en riesgo la seguridad física y la integridad moral». Si bien, más allá de la pandemia creen que «los discursos de odio han sido una reacción a los avances en materia de pluralismo, tolerancia a la diversidad y multiculturalismo registrados en las últimas década».

Entre los referentes se coloca Alemania y Francia. En el caso del primero, en 2018 aprobaron una ley específica para evitar la difamación online, mientras que Francia aprobó en 2019 una ley similar con el objetivo de penalizar «mensajes que puedan contener incitación al odio, discriminación racial, religiosa u homofóbica, así como la apología de la violencia, el terrorismo, o el acoso online».

Desde los grupos de la oposición se ha descrito como un «disparate» la propuesta que sean las empresas tecnológicas privadas, y no los jueces, quienes decidan qué está bien o mal, según recoge Europa Press de las declaraciones de Eloy Suárez del PP.

Qué ha aprobado el Congreso de los Diputados

Por el momento es una proposición no de Ley, pero teniendo en cuenta que ha recibido los votos positivos de los dos partidos que conforman el Gobierno tiene muchas probabilidades de continuar adelante. Estas son las medidas que el Congreso de los Diputados ha aprobado para instar a el Gobierno a aplicarlas.

«Garantizar que los usuarios de las empresas TIC dispongan de la información necesaria acerca
de cómo denunciar los contenidos que inciten al odio, con derechos de información específicos en el caso de los usuarios menores de edad».

La primera propuesta trata sobre asegurar que las «empresas TIC» dispongan de vías para denunciar contenidos, similar a lo que ya existe en plataformas como Twitter que permiten denunciar tuits concretos.

«Simplificar los mecanismos para denunciar el contenido de los discursos de odio, incluida la
creación de una herramienta única, accesible y fácil de manejar para los usuarios en todo el territorio del estado español».

La segunda medida es la creación de una herramienta única contra los discursos de odio, sin especificar más detalles sobre cómo funcionaría.

«Reducir el tiempo de procesamiento de los contenidos denunciados. Los operadores de las
empresas TIC tendrán 24 horas para eliminar o deshabilitar de la web los contenidos que inciten al odio y a la violencia; o una hora cuando las víctimas sean menores. Esto exigirá a los operadores que apliquen procedimientos especiales y específicos, cuando sea necesario, para garantizar que las notificaciones se tramiten sin demora».

En tercer lugar, la proposición pretende establecer un tiempo máximo para eliminar un contenido denunciado, siendo de 24 horas para los contenidos que inciten al odio y de una hora cuando las víctimas sean menores. Este punto es complejo, pues la decisión sobre qué representa delito de odio es susceptible de interpretación.

Para Sergio Carrasco, jurista de Fase Consulting: «la reducción de plazos tan llamativa para actuar, especialmente en los supuestos «discursos de odio» puede llevar a la retirada de contenidos ante la amenaza de poder terminar siendo responsables. Además, muchos casos (aunque lo pudiera parecer) no tienen esa relevancia«.

«Aumentar la cooperación entre los operadores de las empresas TIC con las autoridades fiscales y policiales competentes. Los operadores tendrán la obligación de almacenar temporalmente el contenido de incitación al odio denunciado y de ponerlo a disposición de la autoridad judicial con el fin de investigar, identificar y enjuiciar infracciones penales».

Finalmente la propuesta solicita al Gobierno que aumente la colaboración entre estas empresas digitales y las autoridades, obligando que las empresas almacenen el contenido denunciado y lo comparten con los jueces.

Desde la Plataforma en Defensa de Libertad de Información creen que esta proposición es «innecesaria» ya que «Europa está a punto de regular en esta materia» y «ahonda aún más los déficits que venimos arrastrando de legislaturas anteriores».


La noticia

El Gobierno sigue adelante con el plan de eliminar mensajes de odio en redes sociales: qué proponen y qué se ha aprobado

fue publicada originalmente en

Xataka

por
Enrique Pérez

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